Estudio de López Perito sobre el salario básico profesional docente: 40 años de lucha (IV)
Palabras claves: Privatización; Neoliberalismo; Resistencia social; Bienes públicos; Corrupción estructural; Miguel Ángel López Perito
PRESENTACIÓN
En este artículo Miguel Ángel López Perito repasa la lucha popular contra la privatización de empresas públicas en Paraguay y advierte cómo, pese a los logros del 2002, el avance neoliberal continúa de forma silenciosa, debilitando al Estado y favoreciendo a sectores mafiosos y corporativos.
Lucha contra la privatización neoliberal del Estado
La década del 2000 se caracterizó por la lucha gremial activa de los educadores, que lograron, en el 2001, la aprobación del Estatuto del Educador, y en el 2003 su respectivo decreto reglamentario. El 2003, bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, se produjo una gran movilización en defensa del sistema de jubilaciones, amenazado con modificaciones inconsultas.
Pero una de las luchas más significativas del periodo de la transición fue la llamada “lucha contra las privatizaciones”.
El primer gobierno de la transición, del Gral. Rodríguez (1989-1993), comenzó la implementación de las nuevas consignas neoliberales del Consenso de Washington (1989), que lanzó el paquete de medidas de liberalización y desregulación económica con respecto a la privatización de servicios públicos, reducción del Estado, comercio, e implementación del “mercado libre”, impulsadas por las grandes organizaciones de cooperación multilateral (Fondo Monetario, Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.).
En 1991 se aprobaron algunas leyes que prepararon el camino de la privatización de algunas empresas públicas, como la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL), la Flota Mercante del Estado (Flomeres), Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) y Aceros del Paraguay (Acepar). El Estado recaudó más de USD 50 millones con la venta de estas empresas, que en vez de traer beneficios al país pasó al bolsillo de los nuevos dueños del Paraguay. La APAL se volvió inviable y pasó a denominarse Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (CAPASA), una empresa “privada” cuyo único dueño es el Estado. Líneas Aéreas Paraguayas pasó a ser Transporte Aéreo del Mercosur (TAM), y luego fue a la quiebra. La Flota Mercante nunca más se recuperó y las empresas compradoras fueron demandadas por rematar buques paraguayos en otros países. Y ACEPAR fue vendida a un argentino (Taselli) que nunca pagó el precio estipulado, terminando en quiebra en el 2013 por primera vez, y después de una larga agonía, durante el gobierno de Cartes, en enero de 2018.
En Abril de 1990, después de una entrevista con el presidente Rodríguez, el presidente argentino Carlos Menen calificó a Yacyretá como un “monumento a la corrupción”, para revelar a continuación la intención de privatizar dicha empresa binacional.
Poco a poco fue quedando claro para los trabajadores del sector público que la oleada neoliberal pretendía rematar los bienes públicos, bajo la consigna de que todo lo público es corrupto y lo único íntegro, honrado y productivo era el sector privado. Por tanto, todos los servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, debían privatizarse. Y el desastre que significó la privatización de las 4 empresas anteriormente mencionadas, creó conciencia en los trabajadores, que se prepararon para enfrentar este miserable engaño.
Hasta hoy mucha gente sigue culpando a los “políticos” del festival de corrupción en nuestro país. En realidad, la mayoría de los “políticos” (técnicamente: funcionarios que administran el Estado) son solo marionetas de sus verdaderos dueños: el selecto grupo de oligarcas nacionales asociado al capital transnacional para corromper la administración del Estado y obtener grandes ganancias. Los “políticos” y funcionarios públicos son corrompidos por “corruptores” del sector privado, incluyendo la producción y tráfico de drogas, y juntos forman el sistema corrupto. Los unos no funcionan sin los otros. No deja de ser cierto también que muchos “políticos” en realidad son empresarios corruptores y corrompidos. De hecho, el “crimen internacional organizado” en Paraguay maneja los poderes del Estado[1].
Con mucha ingenuidad ciertos grupos pretenden luchar contra la corrupción recortando privilegios a los legisladores, lo que no afecta para nada la raíz del problema. “Es la economía, estúpido”, diría James Carville, el famoso estratega de la campaña de Bill Clinton contra Bush en 1992. Trump acaba de derrotar a los demócratas con una estrategia parecida.
El caso conocido como “A Ultranza”, que culminó en el asesinato internacional del fiscal Pecci, demuestra de forma transparente cómo el llamado “sector privado” es el poder corruptor del Estado, una organización mafiosa dirigida por Miguel Insfrán (“Tío Rico”) y el uruguayo Marset (prófugo). El hermano de Insfrán, pastor de una iglesia “Avivamiento”, era el encargado de la operación de comprar funcionarios, jueces, fiscales, policías y políticos que protegieran su red de operaciones de narcotráfico.
La ola privatizadora tuvo obstáculos imprevistos durante el gobierno de Wasmosy (1993-1998) cuando se produjo la escandalosa caída de bancos privados, como el Banco de Asunción, Banco Oriental, Banco Alemán, Banco Unión, bancos para la vivienda, etc. Según Andrew Nickson, en total colapsaron 38 empresas financieras: 11 bancos, 20 financieras, 3 entidades de ahorro y préstamo, 4 casas de cambio; y un total de 200.000 depositantes fueron afectados por el colapso de los bancos. Muchos de ellos murieron sin poder recuperar los ahorros de toda su vida.
Bajo el gobierno de González Machi, en el año 2000, se aprobó la Ley 1615 de Privatización de Empresas Públicas, y se creó una Secretaría de la Reforma del Estado a cargo de Juan Ernesto Villamayor (el primer político castigado por corrupción por el gobierno de los EEUU, con visa suspendida de por vida).
Las empresas multinacionales tenían especial interés en empresas como la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Industria Nacional del Cemento (Vallemí), la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA) y, por supuesto, las dos binacionales[2].
Se conformó una articulación social que tuvo como base al movimiento sindical y al movimiento campesino, a la que sumaron todos los sectores sociales y políticos organizados bajo la denominación de Congreso Democrático Popular, que exigió la derogación inmediata de la ley 1615. Durante mayo y junio de 2002 se desarrollaron numerosas movilizaciones (cortes de ruta, manifestaciones, etc.), que paralizaron el país. Finalmente, el Parlamento, tras una represión a los manifestantes donde murió un joven campesino, derogó la citada ley. El gobierno subió los precios (‘tarifazos”) en sectores como agua, electricidad, transporte público y telefonía básica culpando de ello a la suspensión de las privatizaciones. Asimismo, anunció el despido de 550 empleados de COPACO para final de año (Juste y Brom).
Aprovechando el río revuelto, los seguidores de Lino Oviedo organizaron una oleada de violentas protestas, en julio de 2002, exigiendo la libertad de su líder “perseguido”, con más de 15 heridos. El gobierno se vio obligado a declarar el estado de excepción y a movilizar al ejército para garantizar la estabilidad política.
Por primera vez en el transcurso de la transición post dictadura, el gobierno de González Machi, que había asumido en forma irregular a la caída del gobierno de Cubas Grau, después del “Marzo Paraguayo”, se tambaleaba. La campaña electoral para las presidenciales del 2003, que llevó a Nicanor Duarte Frutos como presidente, salvó una profunda crisis política producida por la angurrienta oligarquía paraguaya asociada a las corporaciones multinacionales.
La tenaz lucha popular dio sus frutos. Al detenerse el proceso de privatizaciones por la derogación de la Ley 1615, varias empresas públicas quedaron como una suerte de empresas híbridas. APAL pasó a ser Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA), pero el único “accionista” es el Estado. ANTELCO pasó a ser Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO), con el Estado como único accionista. CORPOSANA pasó a ser Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP), con el Estado como único accionista. Otras empresas públicas se salvaron de la voracidad multinacional como DINAC, PETROPAR, PUERTOS, etc.
El movimiento popular de los sectores sociales organizados alcanzó en Paraguay su máxima fuerza y articulación en el 2002. Pero las clases dominantes aprendieron la lección, e iniciaron una inteligente y eficaz maniobra para desarticular al movimiento campesino y al movimiento sindical, pilares de la resistencia social en Paraguay: corromper a sus dirigentes.
Ya en el año 2000 comenzaron a aparecer sospechas de maniobras fraudulentas del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) en las que aparecían vinculados dirigentes sindicales, ya desde 1996. Tiempo después saltaron escandalosas operaciones que implicaban a altos dirigentes de la CUT. La confianza de las bases en su dirigencia comenzó a resquebrajarse rápidamente. Alan Flores y Ronald Orrego, del Comité Ejecutivo de la CUT, fueron sentenciados a 7 años de cárcel por el vaciamiento y posterior quiebra del BNT, después de un proceso de 13 años que constató unos 120 mil millones de guaraníes de pérdida. En total fueron sentenciadas 22 personas, entre directivos, funcionarios y empresarios.
El movimiento campesino fue cooptado por un meticuloso trabajo de ONGs y agencias financieras de proyectos de desarrollo, que ofrecían cuantiosos recursos sin mayor control del dinero a las organizaciones que comenzaron a nuclearse en forma departamental, perdiendo así su articulación unificada nacional. Un tiempo después comenzaron los conflictos por la utilización del dinero, y muchos conocidos dirigentes comenzaron a descalificarse entre ellos y a formar sus propios grupos. En menos de 10 años las instancias organizativas interregionales se fueron disolviendo, los grupos se fueron aislando y atomizando, con algunas excepciones, como el de la Federación Nacional Campesina. No obstante, el movimiento campesino actual es solo una sombra de la fuerza demostrada en las movilizaciones del 2002.
Al carecer de estas estructuras de vínculo en su accionar, todo el movimiento popular se encuentra terriblemente debilitado, en una pendiente iniciada después del 2002, y de la cual no muestra signos de recuperarse hasta la fecha. Con algunos fogonazos ocasionales, diversos sectores sociales han manifestado aisladamente su disposición de lucha: campesinos, sindicales, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, mujeres, sin techos, etc. Actualmente, uno de los sectores con mayor capacidad de movilización callejera y de presión, como ha venido demostrando a lo largo de todos estos años, es el sector de la educación pública. A pesar de sus limitaciones, son los sindicatos del sector público quienes hoy tienen mejores condiciones de presión social, por ser los más numerosos. Los trabajadores del sector privado, sin embargo, se encuentran sumamente debilitados.
Hay que destacar, además, que la oleada neoliberal solo sufrió un traspié en el 2002. Poco a poco, en un proceso menos agresivo y más disimuladamente, se aprobaron una infinidad de leyes y medidas para estimular el “usen y abusen” por parte del capital transnacional. Solo por citar algunas de ellas:
- Ley 60/90 de incentivos fiscales a la inversión de capital nacional y extranjero;
- Ley 126/91 de privatizaciones;
- Ley 523/95 de zonas francas;
- Ley 1064/97 de la maquila;
- Ley 1618/2000 de concesiones;
- Ley 4838/12 de ensamblaje de automotores;
- Ley 4427/12 de ensamblaje de productos de alta tecnología;
- Ley 5102/2013 de Paraguay “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida como “alianza público-privada”, modificada por la Ley 5567/16;
- Ley 5074/2013 “Que modifica y amplia la ley N° 1302/98 “Que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la ley N° 1045/83 “Que establece el régimen de obras públicas”, más conocida como “llave en mano”, por la cual el Estado se convierte en garante de empréstitos privados y para obras públicas;
- Ley 4903/13 de parques industriales;
- Ley 5098/13 de responsabilidad fiscal;
- Ley 5542/15 de garantías para las Inversiones y Fomento a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social;
A esta lista podrían agregarse recientes proyectos como el Registro Único Nacional (RUN) que unifica los Registros Públicos del Poder Judicial, la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía, y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas en una sola entidad, con el objetivo de facilitar el blanqueo de las llamadas “tierras malhabidas”; la ley de Superintendencia de jubilaciones, cuya principal finalidad es disponer de fondos públicos jubilatorios para bancos privados, como ya se hizo entre el IPS y Ueno Bank; la ley de Servicio Civil, para “disciplinar” a los trabajadores del sector público; la ley de reestructuración de la caja fiscal; la ley anti ONG’s; el proyecto de ley que limita la inscripción automática de electores, el proyecto de ley del “tren de cercanía”, etc.
La forma sigilosa de esta estrategia tiene por objetivo no indisponer a las bases del Partido Colorado que constituye el “voto duro” en cada elección, conformada principalmente por los funcionarios públicos, entre ellos los docentes, militares, policías, trabajadores de entidades del Estado, sus familiares, y los beneficiados en general por el sistema prebendario. El Partido Colorado logró hasta ahora ser la punta de lanza de la voracidad del capital transnacional para rifar los bienes púbicos, asociado a las mafias del contrabando, la venta de tierras públicas a extranjeros para el agronegocio, el narcotráfico, el lavado de activos, y la mayor destrucción ecológica sufrida por nuestro país en toda su historia[3].
[1] En el Índice Global del Crimen organizado (2023) Paraguay ostenta el 4º puesto entre 193 países de todo el mundo. Transparencia Internacional (2022) ubica a Paraguay como el 2º país más corrupto de América del Sur.
[2] En junio de 2022 Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro, privatizó Electrobras, la mayor empresa pública de electricidad de Latinoamérica, copropietaria de la Itaipú Binacional junto con la ANDE de Paraguay. La empresa fue vendida al sector privado por USD 6.855 millones. El proyecto de privatizar la ANDE es una añeja ambición empresarial.
[3] Según la FAO, Paraguay ocupa el 6º lugar entre los países con mayor desforestación en todo el mundo, con la destrucción de 325 mil hectáreas de bosque por año. El vice ministro de Agricultura declaró que ellos quieren llegar a 400 mil hectáreas por año de deforestación para ampliar la producción ganadera, porque eso nos ubicaría como el quinto país exportador de carne del mundo. “Usen y abusen”: destruir el hábitat de 7 millones de paraguayos y paraguayas para que ganen más plata 2.500 grandes ganaderos. Esta es la anatomía de la corrupción sistémica.
